¿Quién vigila al vigilante?

Unai Romano, acusado y absuelto de un delito de terrorismo, antes y después de pasar por dependencias policiales españolas

Según informa El Mundo, durante el año 2008 las denuncias de malos tratos por parte de los Mossos d’Esquadra han descendido en un 65% respecto al año anterior: en 2007 fueron registrados 128 casos de vejaciones, habiéndose reducido éstos a 45 durante el pasado año*. Pero, tal y como se imprime en el citado artículo, este descenso de las agresiones por parte de la policía autonómica catalana no se debe a un mejor comportamiento corporativo o al desmantelamiento de supuestas denuncias falsas**, argumento aducido por las Fuerzas de Seguridad del Estado ante las acusaciones, sino por la instalación de cámaras de seguridad en las comisarias por parte de la Generalitat. En palabras de Jorge del Cura, presidente del Comité para la prevención de la Tortura en el Estado español, “el descenso de denuncias experimentado este año es más porque las cámaras han surtido un efecto disuasorio en los agentes a la hora de maltratar detenidos y no porque se hayan rebajado las falsas denuncias” las cuales considera “siempre mínimas” en comparación con las denuncias reales.

La colocación de las cámaras, algo que diversas asociaciones de Derechos Humanos habían solicitado para todo el Estado español, en especial en aquellos centros susceptibles de acoger a detenidos acusados de terrorismo, fue efectuada a raíz de los numerosos casos de brutalidad policial realizados por los Mossos d’Esquadra y demostrados judicialmente. Entre ellos destaca el caso de la comisaria de Les Corts, en Barcelona, donde se colocaron cámaras ocultas ante las sospechas de malos tratos (ver video). No obstante, a raíz de ello, fueron documentados otros casos de torturas policiales en Catalunya, como las agresiones sufridas por Elena Podvigina en el mismo escenario (ver video 1) (ver video 2) o las humillaciones a las que se vio sometido Javier G. Las irregularidades en este cuerpo no se limitan a los malos tratos en las dependencias policiales, sino que en su historial cuenta con asesinatos a esquizofrénicos y el uso de armas ilegales. Estos actos se realizan con la complicidad de la clase dirigente, que exculpa a los policías en todos los casos.Sin embargo, no solo los Mossos son objeto de denuncias por parte de los detenidos.

Según el Comité para la prevención de la Tortura, el cuerpo que más denuncias acumula es la Policía Nacional (187)

Una activista del CSOA Casas Viejas (Sevilla) siendo agredida durante una protesta pacífica

seguido de los funcionarios de prisiones (74), las policías locales (68), la Guardia Civil (59), y la Ertzaintza (45). Asimismo lo ha reconocido en su nuevo libro Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional en el Estado español. En una entrevista a propósito de ello concedida a El País, explica que la tortura policial es “un problema extendido y persistente” siendo “mucho más que casos aislados”. Además, critica la “presunción de veracidad hacia el policía” aconsejando acabar con “el mito de que no existe la tortura en España [sic]“. Casos recientes, los cuales son citados en su libro, son el acontecido en Roquetas de Mar (Almería), donde un detenido falleció por los golpes propinados por la Guardia Civil (ver video) y las torturas recibidas por los acusados de terrorismo Igor Portu y Mattin Sarasola, las cuales fueron ridiculizadas por el diario La Razón y desmentidas por Alfredo Pérez Rubalcaba antes de iniciarse la investigación. Amnistía Internacional cuenta con un extenso curriculum de informes que vinculan a las Fuerzas de Seguridad del Estado español con la tortura, así como el Relator de la ONU contra la Tortura ha mostrado su preocupación por ello en diversas ocasiones.

Eso sí, hoy los policías se manifiestan para subirse el sueldo.

*Estaría bien que El Mundo y El País se pusieran de acuerdo en el porcentaje, ya que estos últimos aseguran que las denuncias se han reducido en un 40%.

**El enlace en “denuncias falsas” se corresponde con el siguiente caso, en el que los Mossos implicados -los que aducieron denuncias falsas- fueron condenados a penas de cárcel.

PD/ Rescato un texto mío que fue publicado en el blog de una compañera, ya que es bastante pertinente con el tema tratado.

Generalmente los individuos realizan algún oficio por dos cuestiones: por vocación o por necesidad -es decir, sin vocación-. No quiero parecer que afirmo que aquellos que ejercen su profesión por vocación no padezcan necesidades que sirvan también como motivo para el mismo.

Creo que todos estaremos de acuerdo en que aquel que labore sin vocación será un mal profesional. Esto se amplía a cualquier ámbito del trabajo, no sólo a la policía antidisturbios. El problema radica en que frente a un dependiente sin vocación -es decir, mal profesional-, puedes cambiar de caja o de establecimiento. Ante un maestro sin vocación -es decir, mal profesional- puedes escoger ir a otro colegio o cambiar de grupo escolar. Ante un médico sin vocación -es decir, mal profesional- puedes ir a otro hospital o consulta. Pero ante un policía antidisturbios sin vocación -es decir, mal profesional- puedes ir al hospital más cercano con una brecha en la cabeza.

Según esto podríamos decir que el policía antidisturbios con vocación sería un buen profesional. No obstante, aparece una paradoja cuando nos planteamos cuál es la vocación del policía antidisturbios. Un agente cualquiera, o uno especializado en criminología, puede mantener que su vocación es velar por la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley, e incluso puede que tenga razón y que firmemente lo crea, puesto que sus métodos no están estrictamente ligados a la represión. Sin embargo, si un policía antidisturbios enuncia que su vocación es velar por la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley, estaría tan sólo hablando eufemísticamente. O si no, ¿por qué diferentes especialidades para un mismo empleo? Básicamente el trabajo de un policía antidisturbios es utilizar la fuerza para establecer el cumplimiento de la ley -siendo esta a veces arbitraria en su ejecución-. Por tanto, aquel que elija especializarse en antidisturbios y no ser un simplemente agente podrá aducir dos motivos: por necesidades económicas -es decir, sin vocación, un mal profesional- o porque le gusta su trabajo. Teniendo en cuenta que su trabajo consiste en emplear la fuerza contra la población y que, además, les gusta: ¿debemos sentirnos protegidos por ellos? Imaginemos que yo tengo vocación de periodista. Mi trabajo consiste en escribir artículos. Ello será algo que, por apasionarme, trate de hacerlo lo mejor posible y con la mayor frecuencia que pueda. La siguiente frase terminenla ustedes: imaginen que yo tengo vocación de antidisturbios.

Día de la Mujer

La mujer ejemplar, Eduardo Galeano

Vivió obedeciendo el mandato bíblico y a la tradición histórica.
Ella barría, lustraba, enjabonaba, enjuagaba, planchaba, cosía y cocinaba.
A las ocho en punto de la mañana servía el desayuno, con una cucharada de miel para el eterno ardor de garganta de su marido. A las doce en punto servía el almuerzo, consomé, puré de papas, pollo hervido, duraznos en almíbar; y a las ocho en punto la cena, con el mismo menú.
Jamás se atrasó, jamás se adelantó. Comía en silencio porque no era mujer opinativa ni preguntativa, mientras el marido contaba hazañas presentas y pasadas.
Después de la cena, se demoraba lavando lentamente los platos, y entraba en la cama rogando a Dios que él estuviera dormido.
Para entonces ya se habían difundido bastante la máquina lavarropas, la aspiradora eléctrica, y el orgasmo femenino, que habían llegado poco después de la penicilina; pero ella no se enteraba de las novedades.
Sólo escuchaba los radioteatros, y rara vez salía del refugio de paz donde vivía a salvo de la violencia del mundo.
Una tarde, salió. Fue a visitar a una hermana enferma. Cuando regresó, al anochecer, encontró al marido muerto.
Algunos años después, la abnegada confesó que esta historia no había terminado así.
Contó el otro final a un vecino llamado Gerardo Mendive, que se lo contó a un vecino que se lo contó a otro vecino que se lo contó a otro: al volver de la casa de la hermana, ella encontró al marido caído en el suelo, jadeando, bizqueando, la cara de color tomate, y pasó de largo, se metió en la cocina, preparó un inolvidable banquete de calamares en su tinta y merluza a la vasca, con un postre de alta torre de frutas y de helados, todo regado con un vino añejo que tenía escondido, y a las ocho en punto de la noche, como era su deber, sirvió la cena, se hartó de comer y de beber, confirmó que él estaba definitivamente quieto en el suelo, se persignó, se vistió de negro y llamó por teléfono al médico.

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En el Estado español, los hombres celebramos el día matando a una mujer y criticando las leyes que nos lo impiden, mientras que en Arabia Saudí utilizan tácticas más disuasorias. Al fin y al cabo no somos tan distintos.

Papel cebolla

Los primeros rayos del sol llenaban de amarillo incandescente las húmedas calles del casco viejo. Un anciano, solitario, maltratado por el calendario, proyectaba una única sombra entre los adoquines. Él, y su silueta oscura, acababan de llegar al colegio electoral. El boleto, la milésima parte del futuro de su pueblo, llevaba doblado semanas en el bolsillo. Era un habitual, conocía sus siglas desde que obtuvo eso que los eruditos llaman “conciencia política”, y que él, humildemente, definía como “pensar”.
El equipo de la mesa electoral comprobó que, efectivamente, Unai Urkullu Llorente tenía el mismo rostro que en la fotografía del carnet de identidad, por lo que, con un solemne rayón sobre su nombre, lo eliminó del censo de los absentistas. Devuelta a sus manos la identificación, deslizó el voto por la ranura de la urna. Un cosquilleo vapuleó su frágil y arrugado cuerpo: la fiesta del sufragio había comenzado. El papel caía balanceándose al vacío de ser el primer voto ciudadano –sin contar el del vocal, presidente y miembros de los demás partidos- en tocar el plástico transparente. Antes de que la gravedad fecundara, el voto se esfumó. El viejo, o Unai, que para eso está ya presentado, miró incrédulo a la caja. El resto del personal seguía con su trabajo. Quedó apartado, en un rincón del hall, y esperó, bajo los esquivos golpes de ojo de los presentes.
Las horas fueron encaramándose unas a las otras a una velocidad inusual para el que espera. Quieto el tiempo siempre pasa más lento, pero el ajetreo de la jornada electoral motivó el interés del anciano. Junto a él, poco a poco, fueron acomodándose, uno detrás de otro, aquellos a quienes también su voto había desaparecido. Al principio mantuvieron el orden, en fila india. Más tarde, el numeroso grupo aumentó de volumen y, por tanto, también la indisciplina, ocupando cualquier espacio libre en la sala. En unas horas más, los votantes virtuales, en silencio, salían del colegio ante la falta de espacio.
Minutos antes del término de la jornada electoral, cuando los candidatos hacían comparecencias televisivas para agradecer la participación y comenzar el escrutinio, 100.924 personas se agolpaban en las inmediaciones del edificio. La insonora tranquilidad con la todos se habían ido depositando en cualquier lado se quebró con la taquicárdica voz de Unai: “rompamos esa urna”. Salió así, como un silbido, como un eructo incontenible, sin razón. La muchedumbre, servil durante toda la jornada, engrosó la vena de la frente, del cuello y del puño, y cargaron, en tropel, como en las revoluciones de siglos pasados, contra votos, secretarios y urna. Una orgía de siglas, de programas electorales y de promesas, volaron por encima de las cabezas de los congregados.

De repente, el presidente del Gobierno despertó. “¡Joder, que susto! Por un momento creí que había democracia en Euskal Herria”. Calmado por la vuelta a la realidad, olvidó la pesadilla, y siguió durmiendo.

Elecciones vascas 2009

Miles de vascos protestan contra la ilegalización de D3M

Mañana domingo 1 de marzo de 2009 el pueblo vasco está llamado a participar en el comicio autonómico del cual saldrá un nuevo lehendakari por cuatro años. Entre los candidatos con mayor opción a la presidencia vasca se encuentran Juan José Ibarretxe (EAJ-PNV), Patxi López (PSE-EE) y Antonio Basagoiti (PP). La izquierda abertzale, un año más, no tendrá representación en el Eusko Legebiltzarra.

En junio de 2002, durante la segunda legislatura de José María Aznar, los principales partidos en el Congreso de los Diputados (PP, PSOE, CIU, PA y CC) aprobaron la Ley Orgánica 6/2002 o también llamada Ley de Partidos, por la cual se estableció la ilegalidad, en 2003, de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Desde entonces, otras firmas abertzales han sido ilegalizadas o perseguidas por la justicia española, como es el caso de Askatasuna, EHAK-PCTV, EAE-ANV y, recientemente, D3M.

Teniendo en cuenta que la izquierda abertzale fue legalizada en 1978, ¿qué hechos ponen de manifiesto la necesidad, por parte del Estado español, de ilegalizarla 25 años después? Removiendo en la Historia encontramos que el 19 de septiembre de 1998 la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció una tregua que duraría más de un año (oír audio). Un mes después, Euskal Herritarrok aumentó en las elecciones vascas un 34,82% su porcentaje de voto (el mayor aumento electoral en la hitoria de la formación), convirtiéndose en la tercera fuerza más votada en el País Vasco. Resultado similar obtuvo en las elecciones de 1999 en Nafarroa. El fin de la violencia incitó a los votantes independentistas a apoyar, sin paliativos, a la izquierda abertzale. Es en este contexto, de auge político del principal partido antisistema en el Estado español, en que se procede a elaborar y ejecutar la Ley de Partidos.

La hablada ley hace referencia a la necesidad de “impedir que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. No obstante, los resultados electorales de 1998 y 1999 hacen reflexionar sobre si el objetivo fundamental de la norma es prohibir a aquellos partidos políticos con firme voluntad de alterar el sistema vigente -contraveniendo a la propia Constitución española (la cual fue aprobada sólo por el 31,29% de los vascos) en su artículo 16.1: “Se garantiza la libertad ideológica (…)”- y no proteger la democracia. Este pensamiento adquiere mayor veracidad teniendo en cuenta los numerosos partidos políticos españoles que “justifican el racismo y la xenofobia” y que continúan en el marco de la legalidad.

Asimismo, es importante analizar el criterio más achacado a la izquierda abertzale para su ilegalización: no condenar la violencia (de ETA). Siguiendo este precepto se atenta contra cualquier principio de presunción de inocencia, principio de no acción hasta incluso la Constitución (artículo 16.2: “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología (…)”). Es, pues, ilegítimo condenar a alguien por no actuar, por no condenar. La judicatura y la clase dirigente se apropia del conocimiento de los pensamientos de los demás, haciendo tambalear al Estado de Derecho por considerar apología del terrorismo el silencio frente al mismo. Callar, no opinar, se ha convertido en delito. La pesadilla orwelliana se vuelve una realidad: la policía del pensamiento.

Si bien es cierto que la izquierda abertzale como norma general no ha condenado los atentados de ETA, algo que no sería tan extraño en política viendo que tanto PP como PSOE han apoyado la violencia cuando les ha convenido (guerra de Irak, invasión israelí de Gaza, los GAL) o han manifestado opiniones homófobas, sí que en ocasiones se ha desmarcado de las acciones armadas. Así ocurrió con Euskal Herritarrok en mayo de 1999, cuando en un comunicado la organización declaró: “Reiteramos nuestra apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal Herria”. También Arnaldo Otegi, cabeza visible del independentismo vasco, reconoció en una ocasión que “la mayoría de los vascos no comparten la lucha armada de ETA” y que “HB no da cobertura a la kale borroka” (1998. Anuario de los temas y sus protagonistas, Varios autores. Difusora Internacional, Barcelona, 1999).

La Ley de Partidos, además de incoherente legislativamente y aplicada selectivamente, es criticada por diversos organismos internacionales. Entre ellos, destacan Amnistía Internacional, que mostró su preocupación ante la ley dado que “a través de la ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o

Votantes de D3M muestran las listas ilegalizadas

leyes de forma pacífica”. En otro comunicado aconsejó al Gobierno que “elimine toda ambigüedad de la Ley de Partidos Políticos que permita la prohibición de partidos políticos que abogan pacíficamente por modificar los principios constitucionales o las leyes, ya que dicha prohibición vulnera las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Del mismo modo, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unida, explicó del 16 diciembre del 2008 que “la amplitud de la formulación de las disposiciones de la Ley de partidos políticos, por ejemplo el apartado c) del párrafo 2 del artículo 9, en el que se prohíbe ‘complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general’, podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas y pide que se adapte[n] las expresiones vagas que aparecen en la Ley orgánica de partidos políticos a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad de expresión, a fin de evitar el riesgo de que se apliquen a partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de medios violentos”. También pide que “se introduzcan mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización terrorista. Ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna”.

Mañana domingo 1 de marzo de 2009 el pueblo vasco está llamado a participar en las elecciones autonómicas. Pero la ley de partidos niega el derecho de los ciudadanos a elegir a quién votar y a quién no votar.

PD/ Según una encuesta de Diario de Noticias, el 45% de los vascos “ve mal” la ilegalización de partidos, mientras que el 41% “lo ve bien”.

¿Quién teme a la Memoria Histórica?

Homenaje a los desaparecidos en Guatemala

Recientemente en el Estado español y Latinoamérica se ha abierto un proceso de recuperación de la memoria histórica en el marco de un proceso judicial para, en algunos casos, depurar responsabilidades de las dictaduras militares sudamericanas en las décadas de los 70′ y 80′, y, en otros casos -como en el Estado español-, con el mero objeto de lograr un mayor conocimiento del pasado. No obstante, las investigaciones y exhumaciones de fosas comunes han encontrado la oposición de diversos sectores de la sociedad. ¿Quienes son, pues, los detractores de la memoria histórica?

Guatemala, 1963. Tras el golpe de Estado militar contra el Gobierno del anticomunista Miguel Ydígoras Fuentes (el cual entrenó militarmente a los invasores de Bahía de Cochinos), comenzó un conflicto armado entre el ejército -auspiciado por la CIA- y la guerrilla marxista que duraría oficialmente 36 años, pero cuyas reminiscencias se prolongarían también durante los gobiernos democráticos posteriores. Según Human Rights Watch, durante la guerra civil 200.000 personas -en su mayoría civiles- fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Desde el fin de la guerra civil, en 1996, en Guatemala se han constituido diversos organismos favorables a la memoria histórica, como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) o la reciente petición de Amnistía Internacional frente al Congreso guatemalteco de aprobar la Ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente. Entre los opositores a la depuración de responsabilidades, además de sectores de la policía y el ejército, se encuentra Efraín Ríos Montt, ex-dictador durante la guerra civil y que actualmente continúa en el ámbito de la política. A pesar de haber sido denunciado por numerosas asociaciones pro-derechos humanos y por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en 2007 Ríos Montt obtuvo inmunidad parlamentaria, por lo cual se hallan paralizados los procesos judiciales en su contra por delitos de torturas y genocidio. Según Amnistía Internacional, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala concluye que “el ejército y sus aliados fueron responsables de la inmensa mayoría de los abusos y que algunos de esos casos eran considerados genocidio”. No obstante, nadie ha sido procesado todavía por los crímenes.

Argentina, 1976. La dictadura militar encabezada por Rafael Videla desató en la Argentina un periodo de represión y desaparición de militantes anarquistas y comunistas, que finalizaría en 1983 tras la derrota nacional en la guerra de las Malvinas. Actualmente, Argentina es uno de los países que mejor ha reestablecido los derechos de las víctimas de la dictadura, habiendo realizado el conocido juicio de las juntas (militares), en el cual se imputó a los golpistas a penas por un delito de lesa humanidad, así como en 2007 el Tribunal Federal Oral Nº1 de La Plata condenó a cadena perpetua al sacerdote Christian Von Wernich por un delito de genocidio. El 15 de marzo de 2006, en aplicación de la Ley 26.085 se declaró el 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No obstante, el proceso de recuperación de la Memoria Histórica en Argentina ha contado con algunos obstáculos: en 1990 el presidente Carlos Menem indultó a los imputados en el juicio de las juntas, aunque las penas se reestablecieron en 2006.

Chile, 1973. El levantamiento militar de Augusto Pinochet, financiado a través del Premio Nobel de la Paz Henry

Manifestantes chilenos reclaman el paradero de los desaparecidos.

Kissinger, acabó con la presidencia y la vida del socialista Salvador Allende, así como con la democracia chilena. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2.095 muertos y 1.102 desaparecidos sería la cifra dejada por la dictadura pinochetista. Con la llegada de la democracia, por derecho constitucional (la constitución elaborada por la dictadura) Pinochet ocupó el cargo de senador vitalicio, lo cual impedía la posibilidad de un proceso judicial contra él. Por ello, tuvo que ser durante un viaje a Londres, cuando se realizó por parte del juez Baltasar Garzón la petición de extradición al Estado español para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. La petición fue denegada alegando una supuesta gravedad del estado de salud del dictador, por lo cual volvió a Chile. Finalmente, debido a la pasividad de la justicia internacional y a los intereses de la judicatura chilena, Augusto Pinochet murió sin pasar por los tribunales a fines del año 2006.

Perú, 1980. El país andino soportó durante casi dos décadas un cruento enfrentamiento interno entre las guerillas marxistas Sendero Luminoso, MRTA y el ejército peruano, el cual reprimió con dureza los movimientos campesinos. Con la llegada al poder de Alberto Fujimori, la represiva política antiterrorista de Perú se radicalizó mediante la creación de los escuadrones de la muerte Grupo Colina, implicados en la masacre de La Cantuta. Durante los últimos años la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha elaborado numerosos informes que detallan los crímenes cometidos por el ejército peruano y el Gobierno de Fujimori. En la actualidad, Vladimiro Montesinos (jefe de los servicios secretos peruanos durante el conflicto) se encuentra en prisión, mientras que Alberto Fujimori y algunos integrantes del Grupo Colina están siendo juzgados en Perú por “violación de los derechos humanos”.

Estado español. Tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y la Transición hacia la democracia, diversas asociaciones por la recuperación de la memoria histórica consiguieron que el Gobierno español aprobara la Ley de la Memoria Histórica. Desde la implantación de la ley, asociaciones, medios de comunicación y partidos políticos conservadores se han opuesto frontalmente a las exhumaciones de cadáveres y retiradas de símbolos de origen franquista. Judicialmente no ha habido responsables de la dictadura y la guerra civil previa.

Analizando a las personalidades y entes detractores de los juicios y compensaciones a las víctimas en dichos países, podemos obtener diferentes denominadores comunes que ayuden a dilucidar los motivos por los cuales se produce dicha oposición. En todos los países latinoamericanos han sido elementos del sistema -Menem, la corrupción política de la judicatura chilena, inmunidad parlamentaria, escasas condenas en Perú- quienes han mostrado desidia y poco interés por hacer cumplir la ley internacional y los derechos humanos. Asimismo, los propios implicados -directa o indirectamente- han pretendido evitar la depuración de responsabilidades apelando al olvido y a la superación.

¿Quiénes se oponen en el Estado español? Desde la Transición hasta la actualidad: el sistema. La Constitución de 1978 y la Transición imposibilitaron el reestablecimiento del orden legítimo republicano (1931-1936) bajo la amenaza del fascismo. Las apelaciones al espíritu de la transición -olvido y perdón- fueron una constante cada vez que determinados sectores de la población reclamaban conocer el paradero de sus difuntos o acabar con la dicotomía vencedores y vencidos. No obstante, una vez que el sistema ha dado la razón a las víctimas, otros actores han alzado su voz contra la Ley. Dichos personajes tienen vinculación directa o histórica con el Franquismo.

Manuel Fraga jura el cargo de ministro del Franquismo.

Uno de los principales detractores de la ley es Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo del régimen y hoy cargo honorífico de presidente-fundador del Partido Popular (PP). Fraga se encuentra disconforme con “revolver en nuestro propio pasado”, al mismo tiempo que afirma que durante la “España de Franco del otro lado hubo más barrabasadas” (oir audio), en alusión al bando republicano. En la misma línea, el ex-presidente José María Aznar, militante en su juventud del sindicato falangista Frente de Estudiantes Sindicales (FES) e hijo del franquista Manuel Aznar Acedo, ha criticado en diversas ocasiones la Ley de la Memoria Histórica, bajo la premisa de “no haber razones para reabrir la guerra civil y reescribir la historia”. Para el dirigente popular, constituye “un grave error” que rompe el “pacto de la Transición”. El eurodipuado Jaime Mayor Oreja (grupo popular europeo) se negó a condenar el franquismo en el Parlamento Europeo, alegando posteriormente que sólo ayudaría a “dividir y enfrentar a los españoles” y a abrir un debate que “sólo compete a los historiadores”. No son de extrañar las objecciones que el Partido Popular plantea sobre la ley, puesto que han sido varios los cargos de relevancia en sus filas con pasado político franquista. La Iglesia española ha sido otro de los actores más destacados del franquismo y opuesta a la Ley de la Memoria Histórica. El cárdenal arzobispo de Madrid Ruoco Varela ha reconocido que “a veces es necesario olvidar” en relación a este tema.

Parece, pues, evidente, que quienes apelan por el olvido y califican de revanchismo y de reabrir las heridas del pasado a los partidarios de la Memoria Histórica, no son las víctimas, sino los verdugos o sus herederos democráticos, camuflados en un discurso pacificador. Al menos algo consiguieron los muertos frente a los responsables de las dictaduras: que se avergüencen de sí mismos.

¿Quién teme a la Memoria Histórica? Los que tienen algo que esconder.

Geopolítica Occidental en Palestina

Barack Obama, el nuevo presidente de los Estados Unidos

Estados Unidos destinará 900 millones de dólares a la reconstrucción de Gaza, territorio asolado tras los últimos ataques por parte de Israel entre diciembre de 2008 y enero de 2009. La filtración, realizada por un funcionario anónimo de la nueva Administración, según informa la agencia Reuters, indica que la donación se realizará a través de Organizaciones No Gubernamentales (no se identifica a cuales) y de “la agencia de Naciones Unidas que provee ayuda a los refugiados palestinos en Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano y Siria”. Presumiblemente, aunque no la cita, se refiera a la UNRWA.

La medida ha sido interpretada por el mundo Occidental como una señal de altruismo atribuida a los cambios en política exterior mencionados por Barack Obama durante su discurso de investidura. No obstante, resultan llamativas ciertas características en el criterio de seleccionar cómo y a quién irá destinado el importe. En primer lugar, y como se ha dicho, parte del dinero se canalizará a través de ONG sin especificar. Atendiendo a la Historia no sería de extrañar que la donación se realice mediante USAID, la cual ha sido denunciada en numerosas ocasiones por gestionar la ayuda humanitaria a través de ONG ficticias al servicio de la oposición gubernamental, como es el caso de Bolivia o Cuba. Y más, teniendo en cuenta las palabras atribuidas a la fuente de la información en la misma nota de Reuters: “Este dinero es para Gaza y para ayudar a fortalecer a la Autoridad Palestina. No irá para Hamás”. Queda claro, por tanto, que ni un dólar del montante irá para el Gobierno legítimo de Gaza (Hamás), sino que se destinará a la oposición política (ANP), menos beligerante con el mundo Occidental. A una oposición política también legítima, pero de dudosa eficacia como demuestran los casos de corrupción en que se ha visto envuelta y su ausencia de control sobre el terreno, siendo únicamente gobernantes de Cisjordania. No hay que olvidar, tampoco, el último gesto solidario del Gobierno de los Estados Unidos, si bien durante el Gobierno Bush, igual de condicionado que la ayuda a Gaza.

No es descabellado, con los datos que se disponen y con las evidencias históricas, deducir que la ayuda que se destinará una vez sea aprobada por el Congreso, responde a intereses geoestratégicos del Ejecutivo de Obama para desestabilizar a Hamás en la zona. De hecho, el nuevo presidente nunca ha escondido su continuismo en las relaciones diplomáticas con Israel. Así lo demuestra la elección de Rahm Israel Emanuel como jefe del gabinete presidencial, célebre sionista y promotor del ALCA. De igual manera, y como señala Noam Chosmky, Obama ha aceptado los acuerdos entre Condoleezza Rice y Tzipi Livni “para sellar la frontera entre Gaza y Egipto”.

La injerencia Occidental en Oriente Medio no reposa únicamente en fraudulentas ayudas humanitarias (o, en el

Bombas de fósforo blanco fabricado en EEUU impactan en un colegio de Gaza

mejor de los casos, solidaridad interesada), sino en la explotación de un mercado tradicionalmente rentable: la venta de armamento. Durante el reciente ataque israelí, el Tsahal contó con bombas de fósforo blanco fabricadas en Estados Unidos, según denuncia Amnistía Internacional en un reciente informe. Dicho armamento está penado según la legislación internacional, por lo que desde la organización no gubernamental se ha pedido sanciones económicas para Israel por crímenes de guerra. Asimismo, el 31 de diciembre de 2008, en pleno ataque, el Pentágono ofreció 30.000 toneladas de material de guerra a Israel, hecho que finalmente no pudo consumarse por la negativa de Grecia de aceptar el tránsito del cargamento.

No sólo Estados Unidos contribuye o ha contribuido al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Otros países -Francia, Reino Unido, Estado español, Alemania, Serbia, Rumanía y Bosnia- han suministrado armas al ejército israelí. De hecho, y a pesar de la negativa de José Luis Rodríguez Zapatero, el Estado español aún continúa exportando armamento a Israel.

La geopolítica Occidental en Oriente Medio raya la cuadratura del círculo; el vicio infinito de la codicia y el beneficio económico. Los mismos gobiernos que ayudan a la reconstrucción de Gaza o toman las calles contra los ataques, contribuyen militar y diplomáticamente a la destrucción de los territorios palestinos.

PD/ Para más señas del armamento utilizado pulse aquí. Para conocer los últimos datos acerca de la situación humanitaria en Gaza pulse aquí.